:: 20 de Marzo de 2020

Coronavirus: Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.

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El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, contiene en sus artículo 22 a 25, una regulación expresa sobre los ERTE, para la situación por la que pasamos en la actualidad, y las consecuencias derivadas de ello.

Artículo 22. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.

  1.  Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

[...]

 

 

COMENTARIOS: 

1.- Recoge de forma expresa que serán “causa de fuerza mayor” todas las circunstancias que se produzcan como consecuencia del estado de alarma decretado.

 

2.- La norma permite acogerse a un ERTE (suspensión temporal de contratos de trabajo) a todo aquel que vea mermada su actividad o por mandato directo de la autoridad ordenando el cierre o como consecuencia de ese mandato directo en sus trabajadores, sus clientes o sus proveedores. Por ello, el Estado facilita que se produzca la situación jurídica de inactividad preservando determinados derechos.

3.- Facilita la tramitación de los ERTE, al reducir los plazos de tramitación. 

 

4.- Flexibiliza la exigencia de consultas con los trabajadores reduciéndola a una comunicación y, para el caso de aquellas empresas que no tengan comité de empresa, serán los sindicatos más representativos del sector los que negociarán la situación o bien tres representantes de los trabajadores.

 

5.- Si hasta ahora, la empresa debía seguir manteniendo las cotizaciones a la seguridad social, ahora el RD-L dispensa del abono de la aportación empresarial mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado y siempre que tenga menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social.

En el caso de empresas con más de esta cantidad de trabajadores, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial. 

 

6.- Lo anterior no afecta al trabajador, al que se le considerará dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos entendiéndose por trabajadores también los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

 

7.- Se reconocerá el derecho a prestación contributiva, aunque se carezca del período de ocupación cotizada mínimo y que esta prestación no computará a efectos de consumir períodos máximos establecidos.

 

8.- La cuantía se establecerá basándose en el promedio de bases de los últimos 180 días cotizados y si el periodo es inferior se computará el tiempo trabajado durante la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias origen de la suspensión o reducción. Y, por último, la duración se extenderá hasta la finalización del periodo de suspensión del contrato de trabajo.

 

9.- Para el caso de trabajadores por cuenta propia sean autónomos o socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, también se establece que tendrán derecho a una prestación extraordinaria por cese de actividad durante un mes que será ampliable hasta la finalización del estado de alarma.

Para ello deben acreditar estar afiliado y de alta en el régimen de la seguridad social que les corresponde y estar al corriente de pago; aunque se flexibiliza esta condición puesto que, en caso de no hallarse en esa situación, se le dará un plazo de treinta días para que así lo haga.

El autónomo deberá acreditar que la suspensión de la actividad deviene como consecuencia del estado de alarma, pero introduce la posibilidad de hacerlo si su facturación se ve reducida en un setenta y cinco por ciento. La cuantía que les corresponderá será el setenta por ciento de la base de cotización.

 

10.- Asimismo, este Real Decreto-Ley amplía la posibilidad de acogerse a la reducción de jornada por cuidado de menores, dependientes o personas que se hayan visto afectadas por las medidas extraordinarias como consecuencia del COVID-19 permitiendo al trabajador que lo adapte a sus circunstancias personales y que esta reducción alcance el cien por cien de la jornada laboral.

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